Cada 25 de noviembre es habitual, quizá porque es lo más evidente, que reparemos en las mujeres asesinadas por la violencia machista. Pero estos datos son tan solo la punta del iceberg. Un iceberg que bajo las aguas del patriarcado esconde múltiples violencias.
La violencia contra las mujeres tiene su base en la desigualdad entre mujeres y hombres, y está presente en todas las estructuras de la sociedad, desde el ámbito privado hasta el público.
Cuando hablamos de violencia tenemos que tener claro que no solo hablamos de la violencia física. Las mujeres sufrimos múltiples agresiones, no todas ellas físicas, en nuestro día a día y lo que es peor, la pasividad y la complicidad de parte de la sociedad ante estas transviolencias.
Quienes supuestamente deberían garantizar la desaparición de estas desigualdades, ya sea por su actuación irresponsable o por omisión, son partícipes y responsables de la violencia que sufrimos las mujeres, son las instituciones las que ejercen sin ningún miramiento una violencia institucional que perpetua el patriarcado y condena a las mujeres.
Las leyes y las instituciones actúan dando por hecho una inexistente igualdad, sin tener en cuenta que obedecen a la lógica heteropatriarcal de la sociedad en la que vivimos, siendo la situación de partida de unos y otras, marcadamente desigual. No tiene ningún sentido aplicar preceptos de igualdad cuando la situación es claramente desigual.
En las leyes que nos afectan, y que tienen el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres, se contempla que ante la elaboración de una norma o el desarrollo de políticas concretas se ha de realizar una evaluación previa del impacto en función del género y se deben incluir medidas dirigidas a neutralizar el impacto negativo de la norma o acto administrativo concreto. Al incluir estos artículos en nuestras leyes de igualdad la Administración asume como cierta la realidad de que las leyes aplicadas de manera neutral pueden afectar negativamente a las mujeres creando efectos perversos y dañinos pertinentes de reparar. Como es habitual, el papel lo aguanta todo, y estas evaluaciones de impacto en función de género no se realizan sistemáticamente, lo que deja a las mujeres absolutamente desprotegidas.
Como sabemos y tal y como muestran los estudios sociológicos y todas las estadísticas, las mujeres parten de una realidad más desfavorable que los hombres tanto en el ámbito social como en el económico. Así, acumulan los mayores índices de pobreza, de desempleo, y de contratos precarios. También cuentan con pensiones mínimas de jubilación, con dificultades de conciliación personal-familiar-laboral, y con sobrecarga por cuidados de personas con dependencia y de menores a cargo.
Siendo, en general, ésta la realidad de las mujeres, es más que evidente que las leyes y las instituciones no solucionan estos problemas y además con su actitud son parte del mismo como demuestran muchas de las políticas que desarrollan.
¿Hasta cuándo la administración va a seguir perpetuando esta violencia contra las mujeres? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo cómplices de la violencia contra las mujeres?
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La Renta de Garantía de Ingresos –RGI- es un derecho del que hemos conquistado gracias a la movilización, para protegernos contra el paro, la precariedad, la pobreza y la exclusión social. Más de 60.000 familias de personas paradas, precarias o pensionistas encuentran en la RGI la última protección frente a la miseria.
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